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El sistema tributario español se organiza como un conjunto de tributos, que son exigidos por los distintos niveles de las Haciendas Públicas de España (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) para la obtención de ingresos coactivos destinados a financiar la realización de los gastos públicos.
La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley, pero las Comunidades Autónomas y los Entes Locales podrán también establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sin embargo, el resto de entidades de derecho público solo podrán exigir los tributos, y ello sólo cuando la Ley lo determine de forma expresa.
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