El Impuesto de Circulación de un vehículo, también conocido como Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) es un impuesto que se aplica de forma obligatoria sobre todos los vehículos a motor que pueden circular por las vías públicas. 

Con éste, se permite la circulación de todo el territorio nacional, si bien, se abonará en el domicilio fiscal, por tanto, se trata de un impuesto municipal, y, por ende, debe ser donde esté empadronado el titular del vehículo. 

Al igual que impuestos como el IVA o los impuestos especiales (como impuestos sobre el tabaco, alcohol, combustible, etc), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un impuesto de carácter indirecto porque el mismo no recae sobre la persona sino sobre la transacción que sea realizada como una compraventa, es decir, la persona indirectamente paga el impuesto cuando realiza una actividad o una transacción sujeta al impuesto.  

En este sentido es importante aclarar que los impuestos directos como el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a diferencia de los indirectos, gravan la capacidad económica del contribuyente, es decir, lo que esta tiene o ingresa. Los indirectos no dependen de esa capacidad económica del contribuyente sino del consumo que lleve a cabo.  

La argumentación de la existencia de estos impuestos indirectos es porque a nivel social generan una serie de costes como, por ejemplo, tener que tratar a una persona por dependencia del alcohol.  

El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo de carácter directo, ya que grava la capacidad económica de los contribuyentes. 

Se trata de un impuesto periódico al producirse el hecho imponible primer día del año natural. La gestión del IBI está cedido a los municipios, que son los encargados de gestionar y liquidar el impuesto.  

La exacción del impuesto es obligatoria y grava el derecho de propiedad de bienes inmuebles.  

El IBI está regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas físicas y jurídicas que ostentan la titularidad del derecho de propiedad sobre bienes inmuebles urbanos y rústico.  

La base imponible del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) está constituido por el valor catastral de los bienes inmuebles que está determinado, de forma objetiva, por los datos del Catastro Inmobiliario.  

El Impuesto sobre Sociedades (IS) es un impuesto directo y de naturaleza personal, pues tiene en cuenta las circunstancias particulares de las sociedades y demás entidades jurídicas contribuyentes del Impuesto. Grava la renta de los sujetos pasivos (sociedades y demás entidades jurídicas) residentes en todo el territorio español. La obligación de presentar declaración por el IS surge desde el momento en que la entidad adquiere personalidad jurídica, al inscribirse en el Registro Público correspondiente. 

El impuesto de sucesiones es un impuesto directo que se aplica sobre los bienes y derechos obtenidos de forma gratuita por las personas, tanto por adquisiciones procedentes de otra persona viva (adquisiciones “inter vivos”) como por adquisiciones procedentes de otra persona fallecida (adquisiciones “mortis causa”). Es un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas. 

Se trata de un tributo que grava los incrementos de patrimonio obtenidos a través de herencia, legado o donación. 

La impugnación, según la Real Academia Española, significa la “formalización de un recurso contra una resolución administrativa o judicial o de una demanda frente a determinada actuación de un sujeto público o privado”. A su vez, quiere decir la “formalización por la parte recurrida de su oposición a un recurso”, o la “negación por una de las partes de la validez y los efectos del documento aportado al proceso por la otra parte”.

Dentro de los principios jurídicos que conforman el derecho penal se encuentra el principio in dubio pro reo. Este principio supone que en caso de que no haya pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de un acusado por un delito, se le favorecerá considerándolo inocente.  

Este principio atiende a que la culpabilidad del acusado no está clara y, por tanto, el Juez o Tribunal tienen que absolverle. Es una regla de obligado cumplimiento.  

En este principio predomina la necesidad de tener la certeza de la culpabilidad para establecer una condena por lo que, en caso de duda, siempre es preferible absolver antes de condenar a una persona inocente.  

Tanto la acusación se ha producido por el Ministerio Fiscal, como por una acusación particular o por una popular, estos deberán demostrar la culpabilidad de la persona acusada mediante los medios de prueba de los que dispongan, sin que estas pruebas puedan generar dudas para el Juez o Tribunal sobre la culpabilidad.  

La incapacidad permanente contributiva es aquella situación en la que el trabajador que, tras haber sido tratado de la manera prescrita, continúa mostrando reducciones que anulan su capacidad laboral. Al catalogarse como temporal no se está pensando en que el sujeto no vaya a recuperarse jamás; se considera que médicamente las expectativas de curación son inciertas o a un largo plazo. Dicha situación, por lo general, viene derivada de la incapacidad temporal.  

Los grados de incapacidad permanente vienen redactados en el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social, que deberá complementarse junto con la disposición transitoria vigésima sexta relativa a la calificación de la incapacidad permanente.  

La incapacidad permanente total es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. La prestación económica consiste en una pensión vitalicia mensual que puede ser excepcionalmente sustituida por una indemnización a tanto alzado, cuando el beneficiario sea menor de 60 años. 

Podríamos definir el interés como el precio del dinero.  

El interés de demora, también conocidos como moratorios o intereses por mora, corresponden con la compensación que satisface un deudor a su acreedor cuando se produce el impago de una deuda o por el retraso del pago. 

Por ejemplo, cuando una entidad financiera otorga financiación a una empresa y ésta incumple el plazo establecido para los pagos en el contrato de la financiación. El banco cobrará el importe que corresponda a la amortización de capital más los intereses que correspondan, pero, si, además, el importe resulta impagado, se generarán nuevos intereses sobre el montante impagado. 

Partiendo de que la nacionalidad es el vínculo jurídico que va a unir a una persona con el Estado y aunque son varias las formas mediante las cuales se va a poder obtener la nacionalidad, son dos las causas generales:

• Nacionalidad originaria o por nacimiento, la cual a su vez distingue entre:
  • Derecho de sangre (ius sanguinis): la nacionalidad adquirida es la de los padres, sea cual sea el lugar de nacimiento.
  • Derecho de suelo (ius solis): la nacionalidad atribuida es la propia del lugar de nacimiento, independientemente de la de los padres.
• Nacionalidad derivativa o por modificación de la originaria, dividida también en dos vías:
  • Derecho de domicilio: cuando la nacionalidad se obtiene por residencia en un país durante el tiempo y los plazos marcados por el Estado.
  • Derecho de optar: el cual consiste en la posibilidad de elección de nacionalidad entre las atribuidas por los citados derechos anteriores.

La nacionalidad española se puede determinar teniendo en cuenta dos criterios: 

• Ius sanguinis o derecho de sangre, en el que la nacionalidad es otorgada por medio de la filiación. 
• Ius Soli o Derecho de suelo, significa que recibirán la nacionalidad de un Estado, además de otros derechos, de forma automática los que hayan nacido en territorio de dicho Estado. 

Concretamente el artículo 17.1 del Código Civil establece que “Son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España.”