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La evasión y la elusión fiscal son fenómenos que afectan de forma directa a la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema tributario español.
En un contexto de creciente demanda social por una mayor justicia fiscal, entender cómo se producen, quiénes las practican y qué mecanismos existen para combatirlas resulta esencial.
¿Qué diferencia la evasión y la elusión fiscal?
La evasión y la elusión fiscal son dos formas distintas de reducir el pago de impuestos, aunque comparten un mismo objetivo: minimizar la carga tributaria.
La evasión fiscal consiste en actuaciones ilegales que ocultan ingresos o manipulan gastos para evitar el pago de tributos. Es decir, se trata de fraude directo al sistema tributario, y puede constituir delito si se superan ciertos umbrales económicos.
En cambio, la elusión fiscal opera dentro de los márgenes legales. Utiliza lagunas normativas o estructuras complejas para pagar menos impuestos sin infringir formalmente la ley. Aunque no sea punible penalmente, la elusión fiscal puede ser éticamente cuestionable y muchas veces está en el punto de mira de la Administración Tributaria.
Cifras y magnitudes de la evasión y la elusión fiscal en España
Las estimaciones sobre la evasión y elusión fiscal en España dibujan un escenario preocupante. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que el país pierde más de 90.000 millones de euros al año por fraude fiscal, de los cuales una parte muy significativa procede de grandes empresas y patrimonios.
Se estima que la economía sumergida representa alrededor del 20 % del PIB, lo que sitúa a España por encima de la media de los países europeos.
Por otro lado, informes del Observatorio Fiscal Europeo destacan que solo en el ámbito de la elusión fiscal internacional, nuestro país pierde unos 36.000 millones de euros anuales por operaciones con filiales en jurisdicciones de baja tributación como Irlanda o Luxemburgo.
Estas cifras reflejan una pérdida ingente de recursos públicos que podrían destinarse a financiar sanidad, educación o pensiones.
Cómo se evade y cómo se elude
La evasión fiscal suele producirse mediante acciones como el ocultamiento de ingresos, la manipulación de facturación, el uso de sociedades ficticias o el incumplimiento de la obligación de declarar bienes en el extranjero.
Es común en sectores donde el uso de efectivo sigue siendo habitual, como la hostelería, la construcción o ciertos servicios profesionales.
La elusión fiscal, en cambio, se apoya en estrategias sofisticadas de planificación fiscal, como la deslocalización de beneficios, la ingeniería financiera o la utilización de estructuras societarias en países con regímenes fiscales favorables.
A menudo, estas prácticas se amparan en la legalidad pero desvirtúan el principio de equidad tributaria. Uno de los mecanismos más habituales es el traslado de beneficios a través de precios de transferencia artificialmente ajustados entre empresas del mismo grupo multinacional.
Quiénes son los principales actores de la evasión y la elusión fiscal
Aunque cualquier contribuyente puede evadir impuestos, los grandes protagonistas del fraude fiscal en España suelen ser los grandes grupos empresariales y las personas con patrimonios elevados.
Estas entidades tienen acceso a asesoramiento fiscal especializado y recursos para diseñar estructuras complejas que les permitan reducir su carga fiscal.
Las multinacionales tecnológicas y energéticas figuran habitualmente en los informes sobre planificación fiscal agresiva. No obstante, también hay prácticas fraudulentas en el ámbito de las pequeñas empresas o los autónomos, sobre todo en actividades poco digitalizadas o con escaso control administrativo.
La diferencia es que, en términos cuantitativos, el impacto económico de las grandes fortunas y corporaciones sobre el fraude es mucho más relevante que el de la economía informal.
Qué hace el Estado para combatir la evasión y la elusión fiscal
La Agencia Tributaria cuenta con diversas herramientas para detectar y sancionar el fraude fiscal. Una de las más eficaces es el cruce de datos masivos mediante inteligencia artificial y algoritmos que detectan incoherencias en las declaraciones.
Se ha desarrollado un sistema de suministro inmediato de información del IVA (SII) que obliga a algunas empresas a comunicar sus facturas casi en tiempo real. Además, existen modelos como el 720 y el 721 para declarar bienes en el extranjero y criptomonedas respectivamente.
A nivel internacional, España participa en mecanismos de cooperación como el CRS (Common Reporting Standard) o el FATCA, que permiten intercambiar información financiera con otros países. La Administración también publica cada año el Plan de Control Tributario, que prioriza sectores, perfiles y comportamientos con mayor riesgo de fraude.
Cuando la evasión y la elusión fiscal es delito
No todas las conductas fraudulentas constituyen delito fiscal, pero si el importe defraudado supera los 120.000 euros, se abre la vía penal. En esos casos, las consecuencias pueden ser graves: penas de prisión de hasta cinco años, multas proporcionales al importe defraudado, e inhabilitación para recibir ayudas públicas o firmar contratos con la Administración.
Además, el procedimiento penal puede paralizar o sustituir al procedimiento administrativo, y se pierde la posibilidad de reducir la sanción mediante la regularización voluntaria.
En determinadas circunstancias, si se colabora con la justicia y se abona la deuda, puede evitarse la entrada en prisión. Sin embargo, en los últimos años los jueces están aplicando con mayor rigor este tipo de delitos, especialmente cuando existe ánimo de ocultación o se utilizan mecanismos sofisticados para dificultar la labor inspectora.
Debate público y presión social
La evasión y la elusión fiscal generan un fuerte debate en la sociedad española. Existe una percepción creciente de que el sistema tributario es injusto, ya que la carga fiscal recae sobre las rentas del trabajo mientras que algunas grandes fortunas y empresas consiguen esquivarla en parte.
Esta sensación de agravio alimenta la desconfianza hacia las instituciones y pone en cuestión la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Diversos organismos, como el Comité de Expertos para la Reforma Tributaria, han planteado propuestas para revisar deducciones, reforzar la progresividad fiscal y mejorar la eficiencia del sistema.
A su vez, aumenta la exigencia ciudadana para que se persiga el fraude con más medios y se promueva una cultura fiscal basada en la responsabilidad y la equidad.
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