Propuesta para prohibir el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años: qué plantea España y qué implicaciones tendría

El uso de plataformas digitales entre menores siempre ha generado debate, pero en los últimos meses la preocupación se ha intensificado. La exposición temprana a redes sociales y entornos digitales no siempre va acompañada de las herramientas necesarias para gestionarla de forma saludable.

A fecha de 3 de febrero de 2026, el presidente del Gobierno ha anunciado que España estudia prohibir el acceso a determinadas plataformas digitales a menores de 16 años. No es todavía una norma aprobada, se trata de una propuesta que marca una línea clara de actuación y que abre un gran debate jurídico, social y educativo.

¿En qué consiste la propuesta anunciada?

Se propone limitar el acceso de menores de 16 años a plataformas digitales, especialmente aquellas vinculadas a redes sociales y servicios con un alto componente de interacción social.

El objetivo es reforzar la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, reduciendo riesgos asociados como el ciberacoso, la exposición a contenidos inadecuados, la presión social o el uso intensivo de plataformas que pueden afectar al bienestar emocional.

Todavía no existe un texto legal cerrado. Será necesario un desarrollo normativo que especifique:

• qué plataformas quedarían afectadas
• cómo se acreditaría la edad de los usuarios
• qué obligaciones asumirían las empresas tecnológicas

¿Por qué se fija el límite en los 16 años?

En el marco europeo, esta edad tiene especial relevancia en materia de protección de datos personales. El Reglamento General de Protección de Datos permite a los Estados fijar entre los 13 y los 16 años la edad mínima para que un menor pueda consentir por sí mismo el tratamiento de sus datos.

Con esta propuesta, el Gobierno pretende:

• exigir un mayor grado de madurez digital
• reforzar la protección jurídica del menor
• acercar la regulación digital a otras políticas de protección de la infancia

¿Qué problemas se quieren abordar?

La iniciativa responde a una preocupación creciente por distintos fenómenos relacionados con el uso de plataformas digitales por menores:

• aumento de problemas de salud mental en adolescentes
• normalización del acoso en entornos digitales
• dificultades reales para controlar la edad de acceso
• límites evidentes de las herramientas de control parental actuales

Desde el punto de vista regulatorio, se reconoce que la autorregulación de las plataformas no ha sido suficiente para garantizar un entorno digital seguro para los menores.

¿Cómo podría aplicarse en la práctica?

Uno de los grandes retos de la propuesta es su aplicación real. Prohibir el acceso solo es efectivo si se acompaña de sistemas de verificación de edad fiables.

Entre las opciones que se manejan en el debate europeo y nacional se encuentran:

• mecanismos reforzados de verificación de identidad
• sistemas intermedios de certificación de edad
• mayor responsabilidad legal de las plataformas por incumplimientos

Este punto será clave para determinar si la medida tiene un impacto real o se queda en una declaración de intenciones.

Implicaciones legales y educativas

La propuesta abre un escenario muy complejo que afectaría a:

• la normativa digital y de protección de datos
• el régimen de responsabilidad de las plataformas
• el papel de las familias y los centros educativos

En el ámbito educativo, la propuesta refuerza la idea de que limitar el acceso no sustituye a la educación digital. La alfabetización mediática y el acompañamiento siguen siendo esenciales para un uso responsable de la tecnología.

¿Cuándo podría entrar en vigor?

No estamos hablando de una medida inmediata, es una propuesta que seguramente será objeto de debate en los próximos meses. El anuncio del Gobierno marca el inicio de un proceso que necesitará:

• elaboración de un texto normativo
• tramitación legal
• adaptación técnica por parte de las plataformas

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Un cambio de enfoque en la regulación digital

La posible prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años refleja un cambio de enfoque claro: pasar de confiar casi exclusivamente en la autorregulación y el control familiar a una intervención más directa del Estado en la protección del menor en el entorno digital.