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Rememorando el Plan de Pago a Proveedores de las Administraciones Públicas que con el objetivo de que autónomos y pequeñas empresas pudieran cobrar las deudas que con las diferentes administraciones tuviesen contraídas, y que fue puesto en marcha por el gobierno el presente año, nos trasladamos a la tercera fase de este segundo plan.
Dicha fase, cuyo plazo para presentar las facturas pendientes de cobro finaliza el día 23 de octubre, se dirige a aquellos que no entraron en fases anteriores del plan puesto que se destinaron a aquellos proveedores relacionados con servicios básicos como la sanidad, educación y servicios sociales.
Inmersos en esta fase, autónomos y pequeñas empresas podrán cobrar dichas deudas antes del 1 de diciembre, estableciéndose la siguiente 
peculiaridad.
Tendrán prioridad aquellos proveedores de las administraciones públicas, que por urgencia del cobro de su deuda si así lo prefieren pueden perdonar parte de la misma renunciando a los intereses de demora asociados al importe condonado, pudiendo así cobrar antes el importe de la deuda.
Quien me viene leyendo de tribunas anteriores sabe que no puedo comentar una noticia sin expresar mi modesta opinión.
Este plan de proveedores se inicia con un objetivo suscitado por la necesidad de liquidez de autónomos y pequeñas empresas que esta crisis tiñe de rojo sus cuentas bancarias y en pos de saldar las deudas contraídas por las administraciones públicas que día a día ven engordadas por intereses de demora.
El origen de la morosidad de las administraciones públicas es muy diverso y un poco confuso. Puede venir desde un problema burocrático-administrativo que retrasa el pago de los proveedores teniendo finalmente que pagar más de la cuenta por dicho retraso, pasando por una mala gestión de los fondos públicos adquiriendo servicios que están por encima de los recursos disponibles, hasta llegar al dudoso destino alternativo al pago de sus deudas con carácter un tanto fraudulento.
Es por ello por lo que este plan era completamente necesario para poder así aprobar la Ley de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, y erradicar de una vez por todas, la morosidad de las administraciones.
El hecho de ofrecer la quita de la deuda, pone de manifiesto una incapacidad por parte de las Administraciones Públicas, y revela la necesidad de liquidez de las mismas.
Este hecho como muchos otros que hemos comentado en la Tribuna de INEAF, me plantean un dilema, puesto que entiendo las dos partes, y comprendo las medidas adoptadas, pero refleja una impotencia ante la injusticia que supone.
La cuestión es la siguiente:
Una pequeña empresa presta un servicio a una Administración Pública por la que factura un IVA que tiene que ingresar en Hacienda, y que todavía no ha cobrado. Dicha Administración no ha pagado su deuda, creando un perjuicio al proveedor, puesto que precisa de liquidez y además ha pagado un IVA que no había repercutido. Por dicho período de retraso la Administración Pública deberá pagar al proveedor Intereses de Demora, y ahora para urgencia de la pequeña empresa, le pagará antes si perdona parte de esa deuda y los intereses que conllevaba la misma.
Un servicio similar ofrece la administración. Cuando fiscalmente tenemos una deuda con hacienda, por no ingresarla, una vez liquidado el crédito final más intereses de demora, nos perdonan un porcentaje de la misma por conformidad, y otro por su pago inmediato. La única diferencia que existe es que Hacienda puede imponernos recargos y sanciones por la misma, creando un crédito tributario que aumenta la deuda originaria exponencialmente.
Como he dicho antes, se me plantea un dilema. Por una parte veo bien esta medida, y debemos ser conscientes de que la cosa esta ajustada y debemos hacer sacrificios, y se entiende esta postura. Pero por otro lado, me indigno porque otra vez pagan el pato los mismos.
Temas complicados, serios y de comentarios diversos salen a la luz todos los días. ¿Qué nuevas nos traerán mañana?
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