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En el mundo hay 93 países que poseen leyes de transparencia sobre el gobierno y sus administraciones públicas. En Europa, la mayoría de países con más de un millón de habitantes también disponen de estas leyes, permitiendo a los ciudadanos conocer información sobre los gobiernos y las administraciones.
El Gobierno español inició el camino en marzo de 2012 con un texto que no convenció demasiado a los expertos. Posteriormente, en julio de 2012, se presentó el proyecto de ley que se remitió a las Cortes. La parte de la norma referente al Código de Buen Gobierno entrará en vigor desde su aprobación, sin embargo, la parte de transparencia dispondrá de un año para su puesta en marcha.
La futura Ley de Transparencia se basa en una lista de principios y una serie de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y otras instituciones o entidades relevantes.
Esta ley obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público. Además, los ciudadanos podrán consultar información sobre las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, etc. También se establecerá la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización.
La Ley de Transparencia afectará a todos los poderes del Estado, incluida la Casa Real, y al conjunto de las Administraciones Públicas. También a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales que tengan contratos con administraciones públicas y hasta la Iglesia, es decir, aquellos organismos que puedan presentar información de interés general.
Si los organismos obligados a proporcionar información, la ocultan o no la dan, serán sancionados. El régimen sancionador se divide en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones como consecuencia del incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
“En el mundo hay 93 países que poseen leyes de transparencia“
En el caso de sanciones graves, se podría inhabilitar al político entre cinco y diez años, algo que ya aparece en el Código Penal.
Chipre, Luxemburgo y España no tienen una ley de transparencia reguladora del derecho de acceso a la información pública. Reino Unido ha sido uno de los últimos países en establecer una ley de este tipo y, durante cuatro años, se realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer determinada información.
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