La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el pasado martes el cierre de 708 empresas públicas. La medida supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. El anuncio fue hecho en la inauguración de unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (ADD) y Deloitte sobre “Reformas y eficiencias del sector público”.
El objetivo, acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en 2010, era el cierre de 515 empresas públicas. Esta cifra se ha visto ampliada a 708 firmas en una segunda fase, aunque bien es cierto que en muchos casos la disolución de las primeras se ha firmado, pero no se ha ejecutado.
Se trata pues de “evitar que en un futuro, especialmente en momentos de bonanza económica, volvamos a repetir la situación en la que vivimos ahora”. Por tanto, se va a poner en marcha una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Una de las medidas fundamentales que se pretenden establecer es un sistema muy riguroso para las creaciones nuevas de organismos públicos por cualquier Administración. De esta manera se deberá justificar la suficiencia de los ingresos y periódicamente tendrá que contar con la sostenibilidad financiera necesaria para llevar a cabo sus funciones. La vicepresidenta resalta el trabajo de las comunidades autónomas para la supresión de las empresas públicas, un neto de 538 en total.
Entre otras medidas anunciadas por Soraya Sáenz de Santamaría, encontramos la creación de un equipo informático para el conjunto de la Administración, así como el Boletín Oficial del Estado “a la carta”.
También recordó la intervención en 67 organismos de la Administración General del Estado, mediante su disolución y liquidación o fusión o conversión en otro superior. Cincuenta y tres de ellos han desaparecido (en términos netos).
Según la Vicepresidenta: “estamos ante un proyecto ambicioso pero no es sencillo“
La eliminación de los entes públicos y la centralización de las compras son algunas de las propuestas del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Dicho informe contenía 218 medidas, de las cuales 15 están finalizadas, 22 se encuentran en fase final, 90 en fase media de ejecución y otras 82 en fase inicial.
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