Balance de la amnistía fiscal

La amnistía fiscal ha tenido un impacto positivo en la recaudación tributaria, permitiendo que afloren más de 40.000.000.000 de euros ocultos. Sin embargo,el resultado de la recaudación ha sido sólo de 1.200.000.000 de euros -de los 2.500.000.000 de euros que presumiblemente se recaudarían-.De esta cantidad únicamente 89.000.000 de euros procedentes de empresas -en este caso la estimación era de 1.050.000 de euros.

Recordamos que la amnistía fiscal se aprobó el pasado 30 de marzo de 2012, mediante “el Real Decreto-ley 12/2012 por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público”. Esta normativa permitió a las empresas repatriar dividendos aplicando el 8% y 10% de gravamen, frente al 30% que se evadió; y el 3% al resto de los contribuyentes que desviaron dinero hacia paraísos fiscales (cuando se les debió retener un 21% de IRPF).

Según anunció el Gobierno, la Agencia Tributaria enviará información a las comunidades autónomas sobre la amnistía fiscal, permitiendo a éstas la gestión de esos tributos.

La Agencia Tributaria podría valorar la recaudación –apesar de no cumplir con las expectativas- como un éxito moderado, en la medida que permite mejorar la situación de las “arcas públicas”, pero no hay que olvidar que esta recaudación es fruto de un dinero previamente evadido.

“Permitió a las empresas repatriar dividendos aplicando el 8% y 10% de gravamen, frente al 30% que se evadió; y el 3% al resto de los contribuyentes”

Es importante recordar que esta medida ha podido contribuir al “blanqueo” de capital proveniente de actividades ilegales: tráfico de armas, contrabando de droga, etc. Además de ser acicate para futuras evasiones de defraudadores que esperen otra amnistía.

Excluyendo estas circunstancias, que no son de poca importancia, podemos valorar positivamente la contribución recaudatoria para la Hacienda Pública y, lo que es más importante, el uso que la Agencia Tributaria pueda hacer de los datos proporcionados para, en el futuro, perseguir con mayor eficacia el fraude.