El compliance gana terreno en las empresas españolas

El sector Tax & Legal emplea ya a 371.000 personas en España y reúne al 1,7% de los trabajadores, según Randstad Research. La presión regulatoria, la responsabilidad penal de las empresas y nuevas obligaciones en materias como canales de denuncia o inteligencia artificial están reforzando el papel del compliance officer, un profesional cada vez más próximo a la estrategia y menos limitado al despacho jurídico.

Durante años, la figura del compliance officer estaba asociado casi exclusivamente a grandes compañías, sectores muy regulados y departamentos jurídicos. Hoy su radio de acción es bastante mayor. Prevenir riesgos penales, anticipar incumplimientos y proteger la reputación de una empresa se han convertido en cuestiones de negocio, y eso ha elevado también el valor de los profesionales capaces de asumir esa responsabilidad.

El crecimiento del compliance responde a una transformación bastante concreta: las empresas tienen más obligaciones que gestionar, más riesgos que identificar y mucho más que perder cuando un sistema de control falla. Una sanción económica puede medirse. El daño reputacional, la pérdida de confianza de clientes o inversores y las consecuencias de una investigación penal son bastante más difíciles de reparar.

Ahí ha ganado terreno el compliance officer. Profesional que ya no se limita a interpretar legislación desde un despacho, sino que participa en la identificación de riesgos, revisa procedimientos internos, supervisa controles y ayuda a trasladar las obligaciones normativas al funcionamiento cotidiano de una organización.

Un sector de 371.000 profesionales

El área de Tax & Legal empleaba a 371.000 personas en España al cierre de 2025, un 1,7% del empleo total, según el Informe de Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research. El estudio analiza, entre otras posiciones, las de abogado, compliance officer, tax manager y director de asesoría jurídica.

El recorrido salarial ayuda también a entender el nivel de especialización que puede alcanzar este mercado. Las bandas analizadas parten aproximadamente de 20.000-30.000 euros anuales en posiciones iniciales y pueden llegar a situarse entre 80.000 y 100.000 euros en determinados perfiles con más de seis años de experiencia, dependiendo de la posición, las responsabilidades y la localización.

No significa que todo profesional de compliance vaya a cobrar seis cifras. Sí evidencia algo más interesante: prevenir un problema jurídico tiene cada vez más valor económico para una empresa.

El compliance officer identifica riesgos, revisa procedimientos internos, diseña controles, supervisa modelos de prevención, analiza posibles irregularidades y contribuye a construir una cultura corporativa capaz de detectar problemas antes de que terminen en una sanción, un procedimiento judicial o una crisis reputacional. Es decir, no consiste únicamente en saberse las leyes.

Cada nueva norma amplía el mapa de riesgos

La evolución regulatoria explica buena parte de ese protagonismo. Desde 2023, por ejemplo, la Ley 2/2023 obliga a las empresas privadas con 50 o más trabajadores a disponer de un sistema interno de información para comunicar determinadas infracciones y proteger a quienes alerten sobre ellas.

Y el terreno continúa creciendo. Desde el 2 de agosto de 2026, la Comisión Europea ha comenzado a aplicar nuevas obligaciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, entre ellas requisitos de transparencia para determinados sistemas y obligaciones específicas para proveedores de modelos de IA de propósito general.

Protección de datos, prevención del blanqueo, canales internos, anticorrupción, ciberseguridad, inteligencia artificial, riesgos penales… El inventario de cuestiones que una organización necesita controlar se parece cada vez menos a una carpeta guardada en el departamento jurídico.

Compliance ya no significa conocer todas las normas. Significa saber qué riesgo supone cada una para una organización y qué hacer al respecto.

Incluso la Fiscalía General del Estado señala que las facultades de organización y control contempladas por el artículo 31 bis pueden alcanzar al propio compliance officer. Quiere decir, quien vigila el cumplimiento tampoco está fuera del tablero de responsabilidades.

Del conocimiento jurídico al criterio profesional

Esa evolución explica también por qué la especialización está ganando importancia. La World Compliance Association define su certificación profesional como una acreditación de las competencias necesarias para diseñar, implantar, supervisar y mejorar sistemas de compliance, combinando conocimiento técnico, experiencia práctica, ética y gestión del riesgo.

Ahí conecta la formación con el mercado laboral.

INEAF, institución especializada en formación fiscal y jurídica, basa precisamente su propuesta en la actualización normativa, la aplicación práctica y la participación de profesionales en activo. Sus materiales se revisan conforme a los cambios legislativos y sus programas buscan trasladar la regulación a situaciones profesionales reales.

Su formación en Compliance Officer está reconocida por la World Compliance Association como formación habilitante. El programa aborda desde responsabilidad penal de las personas jurídicas hasta gestión de riesgos, auditoría y sistemas antisoborno.

Porque en una profesión construida alrededor de normas que cambian, la formación se basa en estar preparado para interpretar lo que se actualice mañana.