Recurso Contencioso - Administrativo

El recurso contencioso-administrativo es un recurso que se puede interponer mediante procedimiento judicial contra disposiciones generales, actos expresos o presuntos de la Administración Pública, tanto central, como autonómica o local.

Este recurso se regula en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Además, también queda estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Concretamente, en el artículo 25 de la Ley 29/1998, se establece que “el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.”

Para tramitar el recurso contencioso-administrativo, hay que tener en cuenta unas pautas que vienen establecidas en el artículo 33 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa. Este artículo indica que “los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición.”

Respecto a la cuantía de este recurso, hay que indicar que generalmente, cuando se formulan la demanda y la contestación, el Secretario Judicial es quien fija la cuantía. Establece el artículo 41 de la misma Ley, que la cuantía viene establecida por el valor económico “de la pretensión objeto del mismo”, aunque si existen varios demandantes, no se tendrá en cuenta la suma de todos, sino el valor económico de la pretensión que se haya deducido de cada uno.

El plazo permitido para interponer un recurso contencioso-administrativo son dos meses, que comenzarán a computar desde el día siguiente al que se publique la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que puso fin a la vía administrativa, en el caso de ser expreso. Cuando el acto no es expreso, el plazo es de seis meses.

Hay que destacar, que en los litigios entre las distintas Administraciones Públicas no se pueden interponer recursos en vía administrativa. Cabe la excepción a la regla general, determinada en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa, que recoge que “cuando una Administración interponga un recurso contencioso-administrativo contra otra Administración, previamente podrá requerirla para que derogue la disposición o anule o revoque el acto, o bien cese o cambie la actuación material, o inicie la actividad a la que quede obligada.”

Para iniciar la interposición del recurso mencionado, tal y como establece el artículo 45 de la Ley, hay que presentar un escrito que cite la “disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso”, excepto si la Ley dispone otra cosa distinta.

Al escrito indicado, se acompañará, como referencia el artículo 45 de la Ley, de la siguiente documentación: “El documento que acredite la representación del compareciente; El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título; La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado.”

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