Subida salarial de los funcionarios en 2026: qué sabemos y qué implica

Subida salarial funcionarios

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10/12/2025

La subida salarial de los funcionarios para 2025 y 2026 ya no es un titular más de las noticias del empleo público. Hablamos de un incremento del 2,5 % en 2025, del 1,5 % en 2026 y de un posible 0,5 % extra si el IPC acompaña, dentro de un acuerdo más amplio que fija una subida del 11 % entre 2025 y 2028.

Si eres funcionario y estás intentando entender qué pasa con tu sueldo, cuándo entra en vigor el incremento salarial y cómo te afectará en 2026, este artículo te interesa.

¿Qué subida salarial se ha aprobado en el BOE? Detalles del acuerdo

El marco legal está en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, que regula las retribuciones del personal al servicio del sector público para 2025 y 2026.

Lo esencial es esto:

  • En 2025 se fija una subida salarial consolidable del 2,5 % sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.
  • En 2026 se establece un incremento del 1,5 %, también consolidable, más un posible 0,5 % adicional si la variación del IPC de 2026 es igual o superior al 1,5 %. Ese 0,5 % extra se abonaría en el primer trimestre de 2027.

Este Real Decreto-ley desarrolla el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. Este acuerdo sitúa la subida acumulada en un 11 % entre 2025 y 2028 para más de 3 millones de empleados públicos.

Es decir, la subida salarial de los funcionarios 2025 es la primera etapa de una senda salarial pactada para el periodo 2025 y 2028.

¿Qué incrementos se han pactado? Porcentajes y calendario

Aunque el BOE solo regula de forma directa 2025 y 2026, el acuerdo político y sindical ya fija una hoja de ruta completa. Este es el resumen:

Año Incremento fijo pactado Tramo ligado al IPC Incremento total posible Situación normativa
2025 +2,5 % consolidable sobre las retribuciones de 31/12/2024 No hay tramo variable 2,5 % Regulación directa en el Real Decreto-ley 14/2025, con efectos desde el 1/1/2025.
2026 +1,5 % consolidable sobre las retribuciones ya actualizadas +0,5 % si el IPC 2026 ≥ 1,5 % Entre 1,5 % y 2 % Regulación directa en el mismo Real Decreto-ley. El 0,5 % se abonaría en el primer trimestre de 2027.
2027 +4,5 % No se prevé tramo variable en el acuerdo 4,5 % Previsto en el Acuerdo Marco 2025-2028, pendiente de desarrollo en las leyes de presupuestos de cada año.
2028 +2 % No se prevé tramo variable 2 % También previsto en el Acuerdo Marco, a concretar en normativa futura.

Este cuadro es la referencia que están usando los sindicatos (por ejemplo, CCOO funcionarios y UGT) en sus explicaciones sobre el incremento salarial de los próximos años.

¿Cómo se va a aplicar esta subida salarial?

Aquí entra lo que suele generar más dudas: efecto retroactivo, primeras nóminas, atrasos y diferencias entre Administraciones.

Según el Real Decreto-ley, las Administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos de 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito. Pueden pagarlos de golpe en diciembre de 2025 o repartirlos entre 2026, 2027 y 2028.

En el sector público estatal, en cambio, sí hay una fecha clara:

  • En la Administración General del Estado el incremento de 2025 se aplica en la nómina de diciembre de 2025, abonando en esa paga todos los atrasos desde enero.

En la práctica, esto significa:

  • Durante buena parte de 2025 muchos empleados han cobrado como en 2024.
  • En diciembre llega una nómina con el sueldo ya actualizado más una cantidad de atrasos.
  • A partir de enero de 2026 se suma el 1,5 % adicional, y si se cumple la condición sobre el aumento del IPC 2026, se añadirá el 0,5 % extra a comienzos de 2027.

Las pagas extra también se ven afectadas. Al actualizarse el sueldo base y los complementos que sirven de referencia para las pagas extraordinarias, el 2,5 % de 2025 y el 1,5 % de 2026 se trasladan de forma proporcional a verano y Navidad. El detalle exacto dependerá de la estructura retributiva de cada cuerpo y Administración.

En las comunidades autónomas y entidades locales puede haber diferencias en el calendario. Por ejemplo, en el País Vasco se ha explicado que, por los trámites pendientes, la subida del 2,5 % de 2025 podría cobrarse de forma efectiva ya en enero de 2026, aunque con efectos retroactivos desde enero de 2025.

En todo caso, el efecto retroactivo está garantizado por la propia norma: el sueldo funcionarios 2025 se calcula como si el 2,5 % hubiera estado vigente desde el 1 de enero, aunque se ingrese más tarde.

¿A quién afecta esta subida salarial?

El Real Decreto-ley tiene carácter básico y se aplica a todo el personal al servicio del sector público, no solo al sector público estatal:

  • Funcionarios de carrera y en prácticas.
  • Personal estatutario de sanidad.
  • Personal docente no universitario y universitario de centros públicos.
  • Personal laboral de las administraciones.
  • Empleados del sector público institucional (organismos autónomos, agencias, etc.).

En total, el Gobierno cifra en más de 3 millones los empleados públicos afectados entre Estado, comunidades autónomas, entidades locales y resto del sector público.

Las comunidades forales y las que tienen normativa específica, como la ley de la función pública vasca, mantienen su marco propio de empleo público, pero deben respetar estas bases retributivas estatales. Luego pueden completar las condiciones con complementos propios o acuerdos específicos.

¿Por qué se ha decidido esta subida? Objetivos del acuerdo

Hay varios motivos que explican este incremento salarial:

  1. Mantener el poder adquisitivo

    Tras varios años de inflación elevada, con un aumento del IPC por encima del 3 % en varios momentos de 2024 y 2025, los salarios públicos habían quedado algo por detrás de la subida de precios. El Acuerdo Marco busca que, entre 2025 y 2028, las retribuciones crezcan en torno a un 11 %, una cifra alineada con las previsiones acumuladas de inflación a medio plazo.

  2. Hacer más atractiva la función pública

    El propio Gobierno reconoce que en los últimos años se han producido recortes y congelaciones, y que hay dificultades para cubrir plazas en determinados cuerpos, especialmente en sanidad, educación o perfiles digitales. Subir sueldos es una manera de mejorar la competitividad frente al sector privado.

  3. Reforzar los servicios públicos

    El discurso oficial insiste en que no solo “ganan los funcionarios”, sino también la ciudadanía: se quiere consolidar plantillas, agilizar procesos selectivos y apostar por formación en competencias digitales e inteligencia artificial dentro de las administraciones.

  4. Encajar la subida en la senda fiscal

    En paralelo, el Consejo de Ministros ha fijado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las administraciones públicas entre 2026 y 2028, junto con el techo de gasto del Estado. La idea es compatibilizar el incremento salarial con una reducción progresiva del déficit.

¿Cuánto ganará un funcionario medio? Ejemplos prácticos

Los números exactos cambiarán según cuerpo, complemento de destino, específico, trienios, etc. Pero podemos hacer algunos cálculos aproximados para hacerse una idea del impacto de la subida del 2,5 % en 2025, el 1,5 % en 2026 y el posible 0,5 % adicional si el IPC lo permite.

Tomemos tres ejemplos muy simplificados, sin entrar en IRPF ni cotizaciones, para ilustrar el incremento salarial:

1) Funcionario con 1.500 € brutos mensuales en 14 pagas (unos 21.000 € brutos anuales en 2024)

2025 (2,5 % de subida con efecto retroactivo)

  • Nuevo salario anual: 21.000 × 1,025 ≈ 21.525 €
  • Equivale a unos 1.537,5 € brutos al mes en 14 pagas.
  • Atrasos: diferencia de unos 37,5 € al mes por cada paga desde enero hasta el mes en que se abonen. En el sector público estatal, se cobra todo concentrado en la nómina de diciembre.

2026 (1,5 % adicional)

  • Nuevo salario anual: 21.525 × 1,015 ≈ 21.848 €
  • Unos 1.560 € al mes.

Escenario con plus por IPC (0,5 % adicional)

  • Si se activa el 0,5 %, el aumento total frente a 2024 sería del 4,5 % (2,5 % + 2 %).
  • El salario anual se situaría alrededor de 21.945 €, es decir, unos 1.567 € al mes.

2) Funcionario con 2.000 € brutos mensuales (28.000 € anuales)

  • 2025: pasa a unos 2.050 € mensuales (28.000 × 1,025 / 14).
  • 2026: rondaría los 2.079 € con el 1,5 % adicional.
  • Con el 0,5 % extra, podría situarse cerca de 2.089 € mensuales, siempre en términos brutos.

3) Funcionario con 2.800 € brutos mensuales (39.200 € anuales)

  • 2025: sube a unos 2.870 € mensuales.
  • 2026: cerca de 2.913 € con el 1,5 %.
  • Con el plus por aumento del IPC 2026, el salario podría acercarse a 2.923 € mensuales.

Estos ejemplos ilustran el orden de magnitud de la subida, combinando el sueldo, los atrasos y el incremento salarial de 2026. Para tener la cifra real, habrá que esperar a las nóminas concretas de cada Administración.

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Los beneficios de esta subida salarial para los funcionarios públicos y para la administración

Desde la perspectiva de los empleados públicos, los beneficios están claros:

  • Recuperación parcial del poder adquisitivo perdido en los años de inflación alta.
  • Mayor previsibilidad: ya se conoce la senda de aumentos hasta 2028, lo que permite planificar mejor la economía familiar.
  • Reconocimiento explícito del papel de los millones de empleados públicos que sostienen sanidad, educación, justicia, servicios sociales o la propia administración tributaria.

Para las administraciones, los efectos positivos van en otra línea:

  • Facilita retener talento y atraer perfiles especializados, incluso en áreas muy tensionadas como la sanidad o el ámbito digital.
  • Se vincula la subida salarial a compromisos de modernización, digitalización y simplificación administrativa.
  • La eliminación de la tasa de reposición y la mejora de la promoción interna, también contempladas en el acuerdo, ayudan a rejuvenecer plantillas y a dar continuidad a la oferta de empleo público.

En resumen, el objetivo oficial es que este incremento no sea solo una mejora en nómina, sino una palanca para reforzar la calidad de los servicios públicos.

Críticas y posibles riesgos de este acuerdo

No todo son aplausos. Desde distintos frentes se han planteado críticas y riesgos:

  • ¿Subida suficiente?

    Algunos sindicatos y plataformas de empleados consideran que, tras años de recortes y congelaciones, la subida sigue quedándose corta frente al aumento del IPC 2025 y la inflación acumulada previa. Las dudas se centran especialmente en si el 0,5 % adicional de 2026 se activará realmente.

  • Impacto en las cuentas públicas

    Aunque el Gobierno insiste en que la subida encaja en los objetivos de estabilidad 2026-2028, hay voces que alertan del mayor gasto estructural en un contexto de deuda todavía elevada.

  • Desigualdades entre territorios

    El hecho de que cada Administración negocie el calendario de abono y algunos complementos puede generar la sensación de agravio comparativo entre comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

  • Otros colectivos públicos

    Algunos sindicatos profesionales, como los de docentes o personal sanitario, recuerdan que la subida general no resuelve diferencias específicas de jornada, guardias o cargas de trabajo, y piden mesas de negociación propias.

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¿Qué ocurrirá con las pensiones, la oferta de empleo público y otras medidas vinculadas?

La subida salarial de los funcionarios llega acompañada de otras decisiones relevantes:

  • Pensiones

    Las pensiones públicas siguen una regla distinta: se revalorizan conforme a la media del IPC de los doce meses previos, según la Ley 21/2021. Para 2026, el Gobierno ha avanzado que las pensiones contributivas subirán en torno a un 2,7 %, en línea con el aumento del IPC medio.

  • Oferta de empleo público

    El Acuerdo Marco elimina la tasa de reposición y apuesta por ampliar la oferta de empleo público, agilizar oposiciones y reforzar la promoción interna. Un ejemplo simbólico es la nueva oferta de empleo de la UNED aprobada en el mismo Consejo de Ministros que la subida salarial, aunque los grandes volúmenes de plazas se concretarán en acuerdos y convocatorias específicas.

  • Techo de gasto y estabilidad 2026-2028

    El pacto salarial se encuadra en una estrategia más amplia de estabilidad presupuestaria para 2026-2028, que fija límites de gasto y objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones públicas.

En comunidades con normas propias, como las que se rigen por la ley de la función pública vasca, todos estos cambios se irán incorporando a través de leyes de presupuestos, decretos y acuerdos de mesa de negociación.

El panorama para 2025 y 2026 queda bastante definido: subida del 2,5 % con efecto retroactivo, 1,5 % más en 2026 y posibilidad de un plus ligado al aumento del IPC 2026, dentro de un acuerdo más amplio que marcará el sueldo de los funcionarios hasta 2028.

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