En apenas dos meses y medio, el próximo 8 de julio, nueve millones de trabajadores, el 40% de la población activa española, podrían quedarse sin convenio colectivo. En dicha fecha finaliza la “ultraactividad”, es decir, la vigencia automática de los convenios colectivos pendientes de renovación. Para entonces, decaerán todos aquellos convenios vencidos y denunciados desde antes del 7 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Esto significa, en román paladino, que miles de convenios colectivos dejarán de aplicarse, y que las relaciones laborales cuyos sectores productivos no estén regulados por un convenio de ámbito superior, pasarán a depender del resultado de una nueva negociación entre empresarios y trabajadores. Lo inédito de esta situación es que dicha negociación partirá desde cero, sin la base que suponían los anteriores convenios colectivos, y con la balanza claramente inclinada hacia la parte empresarial, capacitada legalmente para reducir los salarios hasta el límite del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
“Nueve millones de trabajadores, el 40% de la población activa española, podrían quedarse sin convenio colectivo”
Diferentes voces han denunciado la inseguridad jurídica que puede entrañar la caducidad de la “ultraactividad”, mientras que otras consideran que la medida favorecerá la igualdad de condiciones de las partes en la negociación colectiva. Los expertos en la materia han señalado también que otro de sus efectos indeseables puede ser la excesiva judicialización de los conflictos laborales.
En los últimos días, la CEOE ha propuesto a los sindicatos mayoritarios un pacto para aplazar durante seis meses más el decaimiento de los convenios cuya “ultraactividad” acaba en julio, “siempre y cuando” los contenidos de los nuevos convenios se adecúen a la grave crisis económica por la que atraviesa nuestro país. Las organizaciones sindicales han respondido pronto, calificando la propuesta patronal de “insuficiente”.
Con independencia de lo que finalmente suceda, y del posible acuerdo que alcancen los agentes sociales, parece claro que la crisis ha modificado radicalmente el modelo español de relaciones laborales, propiciando un nuevo marco legal, caracterizado, entre otros muchos rasgos, por la neutralización de la negociación colectiva. Se avecinan vientos de cambio en el horizonte: ha llegado el tiempo de los convenios de empresa y la flexibilidad salarial.