Se acerca el fin de los paraísos fiscales

Con los continuos escándalos de corrupción que aparecen prácticamente a diario en cualquier telediario, resulta imprescindible hablar de los paraísos fiscales y de su papel en todos estos entramados.

Como todos sabemos, un paraíso fiscal es un territorio o Estado caracterizado por aplicar un régimen tributario a inversores extranjeros para que estén eximidos en su mayor parte del pago de impuestos. Mientras que los ciudadanos y las empresas residentes en un paraíso fiscal están obligados a pagar sus impuestos, los inversores extranjeros gozan de una exención parcial o, en la mayoría de los casos, incluso total.

No hay que ir muy lejos para encontrarnos un paraíso fiscal: estamos acostumbrados a escuchar hablar de países como las Islas Caimán o las Bermudas, pero algunos los tenemos mucho más cerca. Los últimos casos de corrupción o de cuentas secretas descubiertos en nuestro país ubican la mayoría de los casos de blanqueo de capitales en un país tan cercano como Suiza.

Pero este tipo de cuentas secretas u opacas van a ver su fin en los próximos años: además de la amnistía fiscal propuesta por el Gobierno español, numerosos países europeos cada vez destinan más esfuerzos y recursos a erradicar la falta de transparencia de estos países para luchar contra el fraude fiscal.

Más de media centena de administraciones tributarias de todo el mundo han firmado un acuerdo multilateral de la OCDE y el Consejo de Europa para permitir el intercambio de información entre ellos a partir de 2017 (incluyendo información sobre cuentas bancarias). Aunque en un inicio se mostró reticente, Suiza también ha anunciado que se acoge al acuerdo, iniciando el intercambio de información en 2018.

Aunque sí es cierto que seguirá habiendo países con reducida o nula carga impositiva (ya que cada país es libre para fijar y regular sus tributos), las jurisdicciones opacas están destinadas a desaparecer. De hecho, algunas jurisdicciones tradicionalmente conocidas como paraísos fiscales como la Isla de Man (Reino Unido), Gibraltar, Bahamas o Belice entre otros, ya tienen un sistema de trasparencia de información que aprueba los exámenes de la OCDE.

No obstante, aún restan jurisdicciones que obtienen un suspenso: Brunei, Dominica, Guatemala, Islas Marshall, Líbano, Liberia, Micronesia, Nauru, Panamá, Trinidad y Tobago y Vanuatu. Aun así, la mayoría de ellos ya están anunciando que cumplirán con los requisitos marcados por la OCDE para el intercambio de información automático dentro de los plazos.

Se trata de un proceso lento ya que, aunque se haya firmado un acuerdo multilateral, cada uno de los países debe firmar un convenio bilateral con el resto de firmantes. En estos convenios se acuerda un intercambio de información anual para todas aquellas cuentas bancarias que se abran a partir de finales de 2015, siendo el primero de ellos en 2017.

¿Qué ventajas supone el intercambio de información?

Viendo ejemplos de iniciativas anteriores puede resultar bastante evidente que compartir información bancaria entre países produce unos efectos claramente positivos. Países como Holanda, Australia o Filipinas han recuperado cientos de miles de euros (o incluso millones, según el país) que estaban en cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales, obteniendo resultados claramente positivos contra el fraude fiscal.

Visto lo visto y ante la posibilidad de incluir más medidas y de destinar más recursos a la lucha contra el fraude, los paraísos fiscales están llegando a su fin.