El pasado martes 16 de abril, el responsable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, Cristóbal Montoro, en la reunión de la Comisión Nacional de las Administraciones Locales junto con el presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, llegaron a un acuerdo para modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Comunicaron que todos los ayuntamientos que hubiesen gestionado sus cuentas y sus recursos y obtuviesen superávit, podrían invertirlo en proyectos a largo plazo. Según el responsable de la Secretaría de Estado de Administraciones Publicas, Antonio Beteta: “los ayuntamientos más eficaces y eficientes beneficiarán a sus ciudadanos, al invertir el superávit en inversiones sostenibles”.
Ante esta medida se plantean ciertas cuestiones: ¿Qué porcentaje de municipios son los que se encuentran en esta situación? ¿A qué inversiones se van a destinar esos fondos?
Son cuestiones que quedan en el aire, pero no hay que olvidar que hay ayuntamientos con más necesidades que otros y que, además, si seguimos la lógica, serán los que no tengan superávit sino quizá déficit -municipios cuyos ciudadanos han sufrido, por el sector al que se dedicaban, la crisis con más dureza- los que más necesitarán estos fondos.
No hay que olvidar que esta medida ha surgido del descontento de algunos de los alcaldes por la reforma de la Administración Local que el Gobierno está planteando, y que esta medida podría ir encaminada a “acallar” ciertas bocas críticas con la reforma.
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