Las tasas judiciales

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, y que produjo subidas de entre 50 y 750 euros, con un coste de hasta 1.200 euros en recursos (modificada por el Real Decreto-ley 3/2013, que reducía un 80% el tramo variable de las tarifas según el objeto del litigio) vamos a comentar, con algo más de perspectiva, la incidencia de dicha ley.

La reforma sobre las tasas judiciales tiene como objetivo descargar la acumulación de recursos y reclamaciones en el orden contencioso administrativo, además de en los procesos civiles y sociales. Se pretenden reducir los costes públicos en materia judicial y priorizar los casos de mayor gravedad.

Con esta  ley, y según datos de Europa Press, se ha conseguido reducir en 7.946 los asuntos en  el orden contencioso administrativo durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, lo que equivale a un 22,9% menos.

Muchos son los medios con los que la administración pública opera para poder cobrar sus multas, sanciones y demás. Uno de ellos es el “descuento por pronto pago”; otro la reducción de las sanciones por “conformidad”, etc. Hacienda, viendo que peligra su deuda, prefiere cobrar menos, pero cobrar, a iniciar un tortuoso y largo camino de recursos y “contrarrecursos”.

Ahora, mediante la ley comentada, se contempla otro medio más para que no se inicien multitud de procesos.

Dicha ley consiste en que, por primera vez, los ciudadanos estarán obligados a pagar tasas judiciales que, hasta ahora, sólo estaban obligadas a pagar las personas jurídicas. Dichas tasas corresponden a procesos del ámbito contencioso-administrativo, social y civil, pudiendo alcanzar un mínimo de 100 euros y un máximo de 1.200 euros. No obstante, siguen estando exentos del pago de tasas los procesos penales, y aquellas personas físicas que tengan reconocido, debido a un umbral de ingresos determinado que quiere ser revisado, el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Sin embargo, la Audiencia Nacional planteo la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley el pasado 6 de septiembre.

¿Constitucional o anticonstitucional?

Expondré mi opinión que imagino suscitará tanto apoyos como censuras.

Nos encontramos ante un dilema moral. Según Sócrates la moral es el autodominio. Trata de someter la vida humana a una serie de valores racionalizando la conducta humana y ajustándola a normas fijas y universales. Estas normas son desarrolladas por la sociedad a lo largo de su historia. Por lo tanto, la moral es un estilo de vida inculcado por la sociedad que nos hace actuar y tener conciencia sobre nuestros actos.

Pues bien, este caso llama a mi conciencia, que me hace ver que esta ley no es aceptable moralmente porque atenta contra derechos fundamentales de los ciudadanos y, además, quizá sea anticonstitucional.

Pero, por otro lado, critico al ciudadano que carece de “moral” a la hora de plantearse recurrir cualquier sanción, multa o proceso simplemente por el hecho de que no pierde nada, no tomando conciencia de que lo que está recurriendo se puede resolver de otra manera, y no merece la pena gastar tiempo y dinero público. Es decir, que creo que existen ocasiones en las que se abusa del derecho a recurrir. Este factor priva a la administración de tiempo para asuntos de mayor gravedad, y aumenta los costes en justicia del sector público.

Con esto no quiero decir que la ley de tasas sea justificable, pero sí que está motivada por algo. He tenido la suerte de recibir clases de un excelente profesor que, como vocal del tribunal económico-administrativo de Granada, me comentaba  que a veces se encontraba con  reclamaciones y recursos absurdos, que creaban un coste innecesario, perjudicial para otros recursos de ciudadanos que sí necesitaban interponerlo y que se resolviera cuanto antes.

En definitiva, lo que quiero decir es que hay que realizar un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Por un lado no podemos abusar de nuestros derechos pero, por otro lado, las administraciones tampoco nos pueden privar de ellos.

“No debemos abusar de nuestros derechos, pero tampoco nos pueden privar de ellos”

Mi conclusión al respecto incluye una modesta solución. En primer lugar, el gasto público hay que recortarlo de otras fuentes. En vez de subvencionar a partidos políticos, sindicatos y patronal (en 2013, 8,8 millones de euros a sindicatos y en el primer semestre del mismo año 28 millones de euros a partidos políticos), deberían crearse más ofertas públicas de empleo, que reducirían el paro y proveerían de los servicios que por derecho legítimo nos corresponden. Y, en segundo lugar, limitar la motivación de los recursos y reclamaciones, precisamente atendiendo al ciudadano y mostrándole cómo puede defender su causa en caso de que lo considere oportuno.

Sin duda alguna, funcionarios y aspirantes a funcionarios se han visto afectados por la crisis. Olvidémonos del funcionario del “café” y “hasta las tres”, reforcemos la administración pública, y demos al ciudadano el servicio que merece. Hay muchas fuentes de ingresos y no creo que recortar en lo público sea la solución.