Ante casos de corrupción política, y otros casos de fraude por parte de grandes empresarios, la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), planteó la semana pasada en el XXIV Congreso de su organización hacer pública la declaración de la renta de empresarios y políticos en aras de una mayor transparencia fiscal y mejora en la investigación del fraude.
Manifiestan que la complejidad del cambio jurídico es una realidad que pueden asumir si sus efectos son los esperados.
Acabar con la corrupción y fraude impera en los objetivos de la
Además, se recomienda la creación de una Policía Fiscal dependiente de la Agencia tributaria que reforzaría la denuncia pública.
Paralelamente pretenden lanzar un plan de comprobación de partidos políticos que representan la imagen de la corrupción en el país así como hacer hincapié en la regulación del pago de confidentes.
Otras propuestas sobre la mesa, incluida la de reforzar las competencias de la Agencia Tributaria, es la de crear una Oficina Antifraude (ONAF) que suponga el máximo órgano responsable y coordinador de la lucha contra la corrupción y el fraude compuesto por funcionarios de la Policía, inspectores de Seguros, del Banco de España, Hacienda y la novedosa Policía Fiscal. No obstante la ONAF dependería del Parlamento.
En definitiva, un paquete de medidas fundamentadas sobre el objetivo final de acabar con el fraude fiscal y corrupción política de este país.