Hace unos días, en la página del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se publicó una carta abierta -“La lucha contra el fraude laboral es responsabilidad de todos“- de la Ministra Fátima Báñez. En la misiva hacía un recorrido por los logros del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal. Proporciona datos sobre el aumento de las inspecciones de empleo irregular y los empleos que han aflorado gracias a estas inspecciones; el ahorro en prestaciones por desempleo al detectar los fraudes; o la lucha contra las empresas ficticias.
“[…] Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude.
Por ello, en la página web del Ministerio, se ha previsto un buzón en el que los ciudadanos pueden notificar este tipo de conductas fraudulentas e insolidarias para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
“Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos, pero si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda actuar de inmediato, acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua […]”.
“El Ministerio debería centrarse en luchar contra el fraude aumentando el número de inspectores, por ejemplo”
Desde el Ministerio de Empleo deberían centrarse en luchar contra el fraude con medios propios –aumentando el número de inspectores o descentralizando algunas competencias, por ejemplo-, los medios que proporciona un Estado de Derecho a la Administración, y dejarse de incitar el chivatazo. La “cultura de la delación”, que tan bien le ha funcionado y le funciona a algunos regímenes autoritarios, entraña peligros y consecuencias que la Ministra creo que no ha ponderado y que si ha ponderado, mal vamos. Por no hablar de la hipocresía que supone una medida de este tipo después de una amnistía fiscal por la que, según hemos ido viendo, se han “colado” todo los delincuentes económicos de nuestro país.
La Ministra haría bien dejando de intentar convertir a los ciudadanos en “gargantas profundas”, y aumentando los medios para luchar contra el fraude, en lugar de criminalizar a desempleados, autónomos o pequeños empresarios.