El pasado mes, se presentaba en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de desindexación de la economía española. En el argot económico es usual hablar de la inde
La indexación es la práctica económica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período. En otras palabras, se trata de la dependencia del valor de una cosa de la evolución del valor de otra.
Concretamente, en el Proyecto de Ley de desindexación de la economía española lo que se pretende es desvincular, no hacer depender la actualización de obligaciones de la contratación pública del índice de precios al consumo.
La principal razón por la que se propone este Proyecto es para el correcto funcionamiento de un mecanismo de fijación de precios que transmita información relevante respecto a los costes y la demanda. La indexación en este sentido impediría que ocurriese de forma eficaz.
Es interesante remarcar que la desindexación fue una de las recomendaciones específicas a España por parte del Consejo Europeo para reducir la inercia de la inflación y propiciar una mayor reactividad de los precios a la situación económica.
Las claves del Proyecto serían:
- Solo habrá lugar a la revisión de precios cuando esta se encuentre establecida en los pliegos del contrato.
- La desindexación se prevé para todos los entes que forman parte del Sector Público, sean o no Administraciones públicas.
- Habrá de tenerse en cuenta que exista una Orden ministerial que señale las materias sobre las que podrán realizarse revisiones de contratos de obras o suministros.
- Excepcionalmente se prevé la posibilidad de aplicación retroactiva de la Ley para determinados tipos de servicios regulados.
Algunos sectores, como es el caso de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales han expresado su descontento con esta desindexación ya que consideran que si no se hace depender los contratos públicos (los cuales suelen ser de larga duración) puede abusarse de la discrecionalidad de la Administración así como generar inseguridad jurídica respecto de la evolución de los contratos.
La CEOE pide dejar fuera principalmente a los contratos de obras y servicios, ya que esta incertidumbre sobre el futuro, podría provocar un desincentivación de la promoción de nuevos proyectos.
En conclusión se debería valorar la repercusión de esta desindexación en las inversiones en España ya que el 20% del Producto Interior Bruto proviene del ámbito de la contratación pública.