Entra en vigor la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual

ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual

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8/09/2022

Hoy entra en vigor la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual o más conocida popularmente, Ley del “solo sí es sí”.

Lo más llamativo e importante, es que se define positivamente el consentimiento y se elimina la distinción entre agresión y abuso sexual. En este artículo trataremos los aspectos más relevantes sobre esta novedosa Ley.

Proceso de entrada en vigor de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual

Tras un año de tramitación legislativa, por fin la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, se publicó el pasado miércoles en el BOE, informando de su entrada en vigor hoy 07 de septiembre.

Sin embargo, el Título IV del derecho a la asistencia integral especializada y el Título VI sobre el acceso y obtención de justicia, podrán entrar en vigor hasta pasados seis meses de la fecha indicada.

Modificaciones normativas

La nueva Ley no solo establece nuevas regulaciones o novedades normativas, sino que también modifica otras normas de diversos ámbitos, como la Ley de Enjuiciamiento criminal, la Ley reguladora del Derecho a la Educación, la Ley General de Publicidad y el Código Penal.

Así mismo, se modifica la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, la LO sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

A su vez, queda modificada la Ley General de Subvenciones, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Por último hay que destacar, que también afecta esta nueva Ley a la normativa laboral y de la seguridad social.

Objetivo y finalidad de la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual

Con la entrada en vigor de esta Ley, se da un gran paso en la consecución de la igualdad de género y de la lucha contra la violencia de género.

En el artículo 1 de la Ley, se establece que “El objeto de la presente ley orgánica es la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales.”

A su vez, se expresa que la finalidad de dicha Ley es la adopción y puesta en práctica de políticas efectivas entre las administraciones públicas para garantizar la sensibilización, prevención, detección y sanción de violencias sexuales.

También se pretende incluir las medidas de protección integral para garantizar una respuesta íntegra y especializada frente a la violencia sexual, así como su atención inmediata y recuperación en todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida de la mujer y niños/as que sean víctimas de tales delitos.

Esta Ley recoge un cambio de visión o perspectiva respecto a la libertad sexual. En este sentido, el preámbulo de la ley establece como objetivo evitar riesgos de revictimización o victimización secundaria.

Una novedad importante para las situaciones vividas actualmente, es la introducción expresa como manera de comisión de agresión sexual, a la sumisión química a través del empleo de sustancias y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima.

Respuestas a la violencia sexual

Otro objetivo de la Ley es dar respuesta especialmente a las violencias sexuales que se cometen en el entorno digital, abarcando la difusión de actos de violencia sexual por medios tecnológicos.

La violencia sexual no se considera un problema individual, sino social y estructural, derivado de la cultura que sigue patrones discriminatorios y que debe transformarse, impulsando la prevención de la violencia sexual y garantizando los derechos de las víctimas.

Por su parte, España ha ratificado los principales convenios y tratados internacionales de derechos humanos que obligan a actuar frente a la violencia contra la mujer, cuanto más contra la violencia sexual.

Concretamente, el Convenio de Estambul, que sirvió de precedente a esta ley, realizando modificaciones normativas en la Comunidad Europea, establece que las Administraciones Públicas tienen la obligación de actuar desde la perspectiva de género contra la violencia hacia las mujeres.

Este convenio indica que “todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vía pública o privada”.

De entre las novedades que trae consigo esta Ley, pasamos a ver algunas de manera detenida:

Los actos de naturaleza sexual no consentidos se consideran violencia sexual

Se pretende dar respuesta a los actos de naturaleza sexual que no son consentidos y que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito, ya sea privado o público, abarcando la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena. Estos delitos se consideran ya violencias sexuales.

A su vez, se considera violencia sexual a la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y la trata con fines de explotación sexual.

La definición positiva del consentimiento

Cualquier tipo de violencia, física, sexual, psicológica o económica son actos de violencia. La palabra que define la garantía integral de la libertad sexual es el consentimiento.

Para que exista consentimiento, se debe expresar de manera libre y sin coacción. Los actos deben expresar tajantemente y de manera clara la voluntad de la persona.

El silencio ya no denota ni significa consentimiento. La víctima debe expresar su voluntad positiva, libre y expresamente.

La falta de consentimiento es motivo de acusación pública o particular y, en este tipo de delitos, debe probarse la existencia del consentimiento de las dos partes.

La distinción entre agresión y abuso sexual se elimina

Es decir, todos los actos que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona se consideran agresiones sexuales.

Penas que se imponen

En esta nueva Ley, se establece que las penas vayan desde multas hasta prisión de hasta doce años en caso de violación agravada, pudiendo aumentar en quince años en situaciones con circunstancias agravantes.

La defensa de las víctimas

Con esta Ley se garantiza la asistencia legal para recibir la defensa en el procedimiento judicial, así como asesoramiento jurídico gratuito.

Además, las víctimas de estos delitos, tienen derecho a asistencia integral especializada y accesible para superar consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de violencia sexual.

Comentarios

  • Alba Megías (#)
    noviembre 17th, 2022

    ¿Habéis visto las controversias que están surgiendo derivadas de la aplicación de la Ley del solo sí es sí?

    En la tramitación de esta Ley, hubo expertos/as penalistas que avisaron que esta Ley podría reducir las penas a los agresores. Recordemos que con su entrada en vigor, desapareció la distinción entre abuso y agresión, considerándose que si se atenta con la libertad sexual sin consentimiento de la otra persona, se considera agresión sexual.

    Esto supone que la horquilla de pena de prisión cambie; en delitos leves se eleva, pero en delitos graves disminuye en su límite inferior. El Consejo General del Poder Judicial lo advirtió en un informe elaborado en febrero de 2021, indicando que esta Ley provocaría la revisión a la baja de las condenas en las que se impusieran penas máximas, por la aplicación retroactiva en favor al reo.

    Por ejemplo, en los tipos agravados, tras la reforma, el delito de agresión sexual pasa a una horquilla de entre dos a seis años, mientras que antes era de cinco a diez años. El delito de violación pasa de siete a doce años, cuando antes era de doce a quince años de prisión.

    Es por esto, que en virtud del principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo, los condenados por este tipo de delitos, están comenzando a solicitar revisiones a la baja de sus condenas.

    Por otra parte, desde el Ministerio de Igualdad, se afirmó que estas rebajas de penas no se efectuarían. Además considera que el hecho de que los Tribunales revisen estas condenas para su posible reducción, deriva no de un problema de la Ley, sino de la “interpretación voluntarista del Tribunal”.

    Sin duda, se trata de una controversia jurídica, con la que se plantea la posibilidad de estudio de modificaciones en la Ley o mantenerse a la espera de que el Tribunal Supremo unifique la doctrina al respecto.

    ¿Qué opináis sobre esto?
    Un saludo.

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