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Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, comparecerá a petición del PSOE para dar explicaciones en la Comisión Mixta de Relaciones, a fin de informar sobre “las donaciones recibidas, la forma y las circunstancias en que fueron anotadas y comunicadas” por el Partido Popular.
Pero la sombra de la duda no sólo se cierne sobre las donaciones recibidas por el Partido Popular sino también se le interrogará sobre el “grado de control efectivo y de cumplimiento por esta formación de la legislación sobre partidos políticos”, siendo esta institución la encargada de regular y auditar las cuentas de dichas organizaciones.
En alguna ocasión el debate ha estado centrado en la excesiva politización del Tribunal de Cuentas, ya que una gran proporción de sus miembros son elegidos por los partidos políticos.
El Tribunal Supremo, en una sentencia de diciembre de este año, avivó este debate al desestimar dos nombramientos: el de la subdirectora adjunta de la asesoría jurídica y el del asesor económico-financiero. En la sentencia reclamó más funcionarios de carrera, que llegaran por oposición, para que sean mayoría sobre los de libre elección, evitando la politización.
“Se le interrogará sobre el grado de control efectivo y de cumplimiento por esta formación de la legislación sobre partidos políticos”
En relación a este tema, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que se rebaje la titulación para acceder al puesto de auditor de cuentas, tal y como pretendió el PSOE en 2008.
El control del Tribunal de Cuentas es “el oscuro objeto del deseo” de los partidos políticos, por ser el gran fiscalizador de la gran cantidad de dinero que gasta la Administración y de las propias cuentas de las organizaciones políticas.
El presidente del Tribunal de Cuentas ya reconoció el mes pasado que, a pesar de los esfuerzos por mejorar los instrumentos de los que disponen para contrastar la información facilitada por los partidos, estos aún son insuficientes. Una de las medidas que propuso es el cruce de información con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que permitiría un mayor control sobre los partidos.
Otras de las iniciativas que pretende poner en marcha es la limitación de los funcionarios de libre elección por los partidos políticos e insistió en defender la independencia de la institución.
“Hay que avanzar en el control de actividades al margen de contabilidades oficiales”
Por su parte, el PP no ha puesto ningún impedimento para su comparecencia, cosa que si ha hecho para evitar más de cien preguntas acerca de si algunos de los imputados en la trama Gürtel se habían acogido a la amnistía fiscal.
El presidente del Tribunal de Cuentas, al ser preguntado por las redes ilegales de financiación de partidos, declaró que “hay que avanzar en el control de actividades al margen de contabilidades oficiales”.
No olvidemos que la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 2007 prohibió las donaciones anónimas a los partidos, que hasta entonces eran legales, y a cambio aumentó los límites para estas aportaciones, pasando de los 60.000 a los 100.000 euros por persona o empresa. En el caso de las fundaciones, el límite asciende a 150.000 euros.
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