El Parlamento Europeo apuesta por defender a los deudores hipotecarios

En el pleno del mes de septiembre, el Parlamento Europeo (PE) ha aprobado el proyecto de directiva sobre los créditos hipotecarios. Esta futura directiva recoge una serie de condiciones impuestas, sobre todo a las entidades crediticias, que respaldan a los deudores (prestatarios).

Entre las distintas garantías destacamos la dación en pago de la hipoteca, es decir, se plantea la posibilidad de la entrega de la vivienda para saldar la deuda con la entidad. Esto ocurrirá si se ha pactado previamente en el contrato, aunque en caso de no haberse pactado podrá hacerse a posteriori.  Además, se establecen ciertos márgenes en caso de que el comprador no pueda atender la deuda, de esta manera, el desahucio y la ejecución forzosa no serán tan inminentes, facilitando así al consumidor saldar su deuda. También se permite la flexibilidad en el pago, eliminando la posibilidad de imponer recargos si el consumidor quiere amortizar antes los pagos, aunque la entidad tendría derecho a recibir una compensación justa por los costes de ese reembolso anticipado, sin establecer multas adicionales.

Otra de las obligaciones de las entidades es la mejora de la información. De esta manera, intenta evitarse el abuso que las entidades realizan con numerosas condiciones del préstamo como, por ejemplo, los tipos de interés y las comisiones. Así, si el consumidor tiene toda la información del futuro préstamo será más sencillo compararla con las condiciones de otras entidades de crédito, pudiendo elegir la más beneficiosa.

Además, se prohíbe a los prestamistas hacer ofertas de crédito condicionadas a la compra de seguros y otros productos financieros, práctica muy habitual en las entidades españolas.

“Los prestatarios dispondrán de un periodo de reflexión obligatorio“

Por otro lado, los prestatarios dispondrán de un periodo de reflexión obligatorio de siete días anteriores a la firma del contrato o siete días para retractarse después de la firma, según decida cada país.

Otra de las obligaciones para las entidades es que deberán ser autorizadas, registradas y supervisadas por las autoridades nacionales. Así, se asegura que cumplen los estrictos requisitos profesionales.

Los criterios de evaluación de la solvencia se van a reforzar, intentando impedir la concesión de préstamos hipotecarios a personas que no puedan asumir la deuda.

Esta directiva no está aprobada en su conjunto, hasta que Parlamento y Consejo acuerden cómo supervisar la transposición de estas normas por los estados miembros. Una vez aprobadas las normas, los estados miembros tendrían un plazo de dos años para adaptarlas a sus legislaciones nacionales. Aunque queden algunos años, es un gran paso para que las entidades, principalmente bancos y cajas de ahorro, dejen de abusar de los consumidores.

Autor de la imagen: European Parliament. Creative Commons: Attribution, Noncommercial, No Derivative Works