Según James Daniel, jefe de la misión del FMI en España, se prevé que la economía española saldrá de la recesión este año, pero necesita seguir adelante con las reformas encaminadas a afianzar la economía y promover la creación de puestos de trabajo.
El organismo presidido por Christine Lagarde considera que el verdadero problema no radica en cuándo crecerá la economía española, sino en si ese crecimiento será suficiente para crear una gran cantidad de empleos y lograr así que baje el nivel de desempleo (26,26%), subiendo, como contrapartida, el ingreso de los hogares.
En cuanto al incremento de la flexibilidad salarial, el FMI recomienda una rebaja salarial del 10% en dos años (a cambio de aumentar la contratación) combinada con el recorte de las contribuciones sociales y seguida de una subida de los impuestos indirectos (ampliando la base de productos a los que se aplica el tipo general del IVA y subiendo los impuestos especiales), lo que permitiría al país mejorar un 5% su PIB y reducir entre un 6 y un 7 por ciento la tasa de paro, según simulaciones del organismo.
Olli Rehn, vicepresidente económico de la Comisión Europea, defiende la medida de bajar los salarios un 10% como mínimo, y considera que los sindicatos y la patronal deben realizar las negociaciones necesarias para llevar a cabo dicha actuación.
Rehn considera que la fórmula de “devaluación interna” permitiría reducir el paro y tener una inflación baja, lo que aumentaría el consumo.
El responsable económico de la CE, considera que España podría seguir el ejemplo de Irlanda y Letonia hacia la recuperación económica. Una de las pruebas que confirman que nuestro país tiende al reequilibrio, es el paso del déficit al superávit en la balanza comercial, y al buen comportamiento de las exportaciones.
Según el comisario, la economía española aún necesita redistribuir sus recursos en sectores como la construcción, a otros más productivos, principalmente el de la exportación.
Otra de las recomendaciones que se indican en el informe del Fondo Monetario Internacional va dirigida a los bancos españoles, que han de superar las “próximas pruebas de resistencia” europeas, pensadas para determinar si un banco es suficientemente sólido como para soportar el impacto de sucesos adversos. De ahí que se tenga que actuar con prudencia, restringiendo los dividendos bancarios, y realizando -el Banco de España– los análisis pertinentes sobre los posibles riesgos.
Por otra parte, el FMI quiere que España aplique de forma rigurosa el control de las cuentas autonómicas previsto en la actual Ley de Estabilidad Fiscal. Para ello, las comunidades autónomas han de fijar los objetivos presupuestarios interanuales que permitan al Estado realizar controles mensuales sobre la evolución de su déficit público.
Además, propone que se definan previamente las medidas de presión y sanciones que se aplicarían en caso de incumplimiento, de manera que se establezcan de forma pública y automática.
Aunque el informe del organismo internacional elogia el compromiso de las autoridades españolas con la consolidación fiscal, sigue desconfiando en que consigamos los límites de déficit fijados por Bruselas.