El Congreso aprueba la ley que permitirá que los notarios celebren bodas y divorcios

notarios - INEAF

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11/05/2015

La Comisión de Justicia con competencia legislativa plena ha aprobado con el voto del PP el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria en el que se permitirá que los notarios celebren matrimonios, separaciones y divorcios de mutuo acuerdo siempre que no haya implicados hijos menores de edad o personas con discapacidad. Además, se eleva la edad mínima para contraer matrimonio de los 14 a los 16 años.

Si nos pusiésemos a comparar el texto salido del Congreso con el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, veríamos que poco tienen que ver. Mientras que en un inicio se ampliaba el catálogo de actos, hasta ahora a cargo de los jueces, que podrían desempeñar en exclusividad notarios, registradores y otros operadores jurídicos, han sido introducidas 82 enmiendas por el PP que otorgan también capacidad para desempeñar estos actos a los secretarios judiciales.

Asimismo, si queremos celebrar un matrimonio civil, podremos acudir a cargos tan diversos como: el alcalde, el concejal delegado por el alcalde, el notario, el secretario judicial, el encargado del Registro Civil e incluso el funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el Extranjero.

La justificación del PP para la ampliación de atribuciones a los secretarios judiciales ha sido clara: “evitar situaciones de imposibilidad de ejercicio de un derecho, que hasta ahora era gratuito, por falta de medios”.

En términos generales, se trata de liberar a los jueces de carga de trabajo cediendo competencias en tareas que no son estrictamente jurisdiccionales siempre y cuando no haya litigio entre las partes. Así, cualquier ciudadano podrá elegir entre casarse gratuitamente ante un secretario judicial o, si prefiere ahorrar tiempo en la tramitación de su expediente de matrimonio, casarse pagando acudiendo a un notario.

Aunque todos los grupos han defendido la necesidad de regular la jurisdicción voluntaria en el ordenamiento jurídico durante el debate parlamentario, la gran cantidad de enmiendas propuestas y aprobadas por el PP ha generado una gran controversia. De hecho, la oposición considera que se está otorgando una “excesiva” atribución de funciones a registradores y notarios y que las “autoenmiendas” del PP han terminado generando un texto nuevo en lugar de modificar el anterior.

Gabriel Echávarri, representante del PSOE, incluso ha denunciado que el nuevo texto puede suponer un “fraude de ley” ya que el grupo popular ha terminado enmendando gran parte de su propio articulado. Además, considera que la finalidad de la nueva ley es “privatizar” la Jurisdicción Voluntaria: asuntos que antes se resolvían de forma gratuita en los juzgados pasan a otros operadores jurídicos “bajo pago”, de modo que se produce un beneficio importante para notarios y registradores.

Otra crítica más dura ha sido la emitida por Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, al señalar que la norma responde específicamente a “una opción política concreta y no al interés general”. Además, advierte que “no debería llevarse a cabo sin la redefinición de notarios y registradores como funcionarios públicos”.

La respuesta del grupo popular al respecto es clara. Según Beatriz Escudero, diputada del PP, la nueva norma es “puro procedimiento que nace para dar respuesta a los problemas de las personas”. También precisa que “racionaliza el sistema y conecta con la realidad social”, agregando además que pretende buscarse un procedimiento garantista, con redistribución de competencias y desjudicializado en determinados ámbitos.

Al haberse superado la votación, con el voto en contra del PSOE, UPyD e Izquierda Plural y la abstención de CiU y PNV, no será necesaria la elevación a Pleno y pasará directamente al Senado. Si se introdujera alguna modificación en el Senado, el texto volvería al Congreso para que éste decida en Pleno la ratificación o no de estas modificaciones. Si no hubiese modificaciones al texto enviado por el Congreso, este quedará aprobado como ley.

Así pues estamos ante un nuevo panorama en el que ya, incluso casarse o divorciarse, puede dar preferencia a aquellos que estén dispuestos a pagar un módico precio para ello. Sí, este servicio seguirá siendo gratuito para aquellos que quieran seguir el procedimiento tradicional y casarse o divorciarse ante un juez pero el tiempo de demora puede extenderse sustancialmente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la intención real? ¿Descargar a los juzgados de tareas básicas o crear negocio? Es el momento, y nunca mejor dicho, de que ustedes emitan su propio juicio al respecto.

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