“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Así comienza el Decreto-Ley 6/2013 de la Junta de Andalucía que pretende paliar las consecuencias de los desahucios en esta Comunidad.
Esta medida, que en algunos sectores ha suscitado gran polémica, por considerar que atenta contra el derecho a la propiedad privada, tiene como objetivo, según indica, validar el artículo 47 de la Constitución, según el cual “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
Este Decreto añade que es de especial reproche que permanezcan vacías “viviendas que son propiedad en sus diferentes formas, de personas jurídicas, en especial entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la restructuración bancaria…”. Como vemos el texto hace hincapié en las entidades bancarias que han sido rescatadas con dinero público.
El Decreto de la Junta de Andalucía pretende, además, fomentar el alquiler de viviendas, sumándose al Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.