Comienza el debate en el Congreso sobre la Ley de Transparencia

El gobierno está obligado a informar sobre el destino de los impuestos y deberá mostrar con claridad sus actividades institucionales. De igual modo ocurre con la Iglesia y la Casa Real.

De la misma forma, la AEEPP ha puesto de manifiesto que la publicidad institucional se rija por los principios éticos generales.

Pero desde el pasado mes de septiembre este proyecto de Ley de Transparencia ha sido analizado por una serie de expertos,  y junto con otros partidos piden su devolución al Gobierno.

Las razones que justifican esta devolución se sustentan sobre la base de que el texto es insuficiente en lo que a su aplicación se refiere. Y todos critican que, a pesar de tener una serie de obligaciones de transparencia para partidos políticos, agentes públicos e incluso la casa real, no se ha acordado cómo va afectar esta ley a tales organismos.

Por otra parte surgen también dudas acerca de las entidades privadas que han recibo fondos públicos para su financiación.

La izquierda Plural, UPYD y ERC entre otros, rechaza el texto pues no consideran que facilite el acceso a la información como derecho fundamental recogido en el artículo 20 de nuestro texto constitucional, solicitando la Agencia que vele por estos cumplimientos de la ley sea un órgano independiente.

Igualmente se debatirán una serie de proposiciones, como la planteada por el grupo popular por la que se pretende promover el uso de tecnologías informativas y de comunicación de la salud y que éstas sean mas accesibles y equitativas para los ciudadanos.

Otra proposición es del grupo socialista, en referencia a los medios de comunicación impresos para mejorar la situación laboral de los periodistas.

Concluirá con las interpelaciones urgentes que se debatieron la semana anterior.

Toda la tramitación de esta Ley ha sido infundida por la falta de transparencia de los últimos años en cuanto a la Administración pública y los Partidos Políticos se refiere. El aumento de noticias de corrupción en las altas esferas de “lo público”, desvío de fondos para empresas privadas o la propia financiación irregular de los partidos políticos han provocado que se tramite esta ley que, sin duda, beneficiará la transparencia de un sistema demasiado opaco que ha perdido la confianza depositada por la ciudadanía.