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El pasado 20 de septiembre la Comisión Europea anunció que los datos enviados por España sobre las ayudas a devolver por el tax lease son insuficientes. Según el Ejecutivo, mediante este régimen se han concedido 126 millones de euros de ayudas. Bruselas duda sobre esta información y se plantea pedir más información al Gobierno español.
Para contextualizar esta noticia haremos un breve repaso sobre el régimen del tax lease, que se desarrolla en el artículo 115 del Impuesto sobre Sociedades. Este artículo regula el funcionamiento de determinadas operaciones de leasing, desde el impacto fiscal hasta el momento en que debe aplicarse.
El tax lease es una operación triangular que consigue reducir ampliamente los impuestos a pagar por las empresas que realizan este tipo de operaciones de arrendamiento financiero. Son, básicamente, operaciones que se apoyan en los leasing de naves y buques con determinadas particularidades.
Como acabo de comentar, para que se pueda llevar a cabo un tax lease se opta, como medio de financiación, por el leasing del proceso de construcción del buque, pero interviniendo en este proceso varias fórmulas jurídicas. En estas operaciones triangulares participan un armador, una entidad financiera y una agrupación de interés económico (AIE).
La ventaja de esta operación es simple: en la legislación española en materia de Impuesto sobre Sociedades y contratos de arrendamiento financiero, se permite la amortización acelerada de estos contratos como instrumento fiscal, lo que quiere decir que se podrá deducir el doble, o hasta el triple de las cantidades anuales pagadas en concepto de leasing. El régimen del tax lease se asemeja mucho a la situación del lease-back inmobiliario.
Ahora bien, la problemática llega cuando Europa no delimita estas ayudas y subvenciones, no dejando demasiado clara su aplicación.
Por tanto, como hemos mencionado al principio, el Ministerio de Industria remitió esta documentación a Bruselas cifrando en un máximo de 126 millones de euros el montante de ayuda que se han de recuperar.
Según asegura el portavoz comunitario de Competencia “las autoridades españolas aún no han mandado a Bruselas la información suficiente como para pronunciarnos sobre la posible cifra de ayudas incompatibles a recuperar”, y añadió que es posible que se solicite información adicional a España antes de responder.
El problema radica en que las devoluciones de los beneficios fiscales obtenidos en la contratación de barcos por la aplicación del tax lease afectan a un número importante de operaciones, un total de 175.
La gerente de la sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar), ha señalado que el impacto de las devoluciones se puede incluso “minorar” en función de cada caso, y de las bonificaciones aplicadas en cada contrato. Además ha reconocido que la cifra dada por Hacienda es “más que razonable”.
La sociedad Pymar ha señalado que es posible que se puedan cerrar nuevos contratos “en breve”, ya que hace unos meses los 19 astilleros que están a cargo de Pymar estaban “negociando 40 contratos”.
Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los astilleros.
octubre 1st, 2013
A ver si conseguimos “minorar” dicho impacto! Pero también vaya tela. Estando las cosas como estan, y Europa no deja cabo suelto. Se que no es justo para otros países en tema de competencia pero también podrían ser mas permisivos!