El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 10 de octubre, con 179 votos a favor y 141 en contra, el proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuya tramitación está ahora en manos del Senado.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene como función la supervisión de las distintas administraciones públicas velando por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Se valorarán las previsiones macroeconómicas, proyectos presupuestarios, planificación de políticas fiscales y, en definitiva, recabar información sobre los defectos que se producen en la administración pública en general.
Se elaborará un informe anual sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenimiento de la deuda pública.
Entre sus competencias podrá cooperar con otras autoridades fiscales independientes de los distintos estados miembros, estando asociado al Ministerio de Economía y Hacienda.
Tendrá plena autonomía para emitir opiniones con iniciativa propia sobre materias previstas en la Ley, sin tener que estar motivada por la Administración.
“La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal velará por los principios de estabilidad presupuestaria”
Dicho proyecto, junto con otras medidas como la reforma de la administración local, dejan entrever una clara decadencia de la administración pública y escasez de control en el sistema fiscal en España.
Todavía no sabemos si esta figura aportara los necesario para la consecución del objetivo perseguido, o simplemente se quedará en el olvido como otros entes creados que lo único que han ocasionado es más gasto público.
La independencia de esta autoridad es plausible, en mí opinión, y valoro la propuesta como positiva pero, como siempre, en esta situación de incertidumbre –fiscal, económica, política…- no sabremos si dará el resultado esperado.