Asesoría fiscal como oportunidad de trabajo

En los tiempos en que vivimos, con una crisis generalizada marcada por una tasa de paro alarmante  y la probable gestación de una burbuja emprendedora como respuesta (leer la reciente publicación “¿Burbuja Emprendedora?”), no podemos obviar que la creación de empresas se está espoleando desde todos los frentes; nos encontramos con un sector en el que parece estar todo inventado, en el que diferenciarse del resto de competidores es todo un desafío, o al menos eso parece. Estamos hablando del asesoramiento legal, más concretamente (por la razón de ser de esta entidad) del asesoramiento fiscal.

El artículo 6 del Código Civil pone de manifiesto, como precedente de cualquier código, norma, ley, reglamento, u otra forma legislativa, que el desconocimiento de la ley no exime de su obligado cumplimiento, por lo que para no transgredir la normativa deberemos conocerla en profundidad. Pues bien, solamente el Código Civil contempla unos 2.000 artículos. Si nos centramos en la materia fiscal que es la que nos concierne encontramos la Ley del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Ley del Impuesto sobre el Valor añadido, la Ley General Tributaria, etc. En definitiva, una serie de textos refundidos en cada una de las diferentes secciones como impuestos pueda llegar a legislar nuestro sistema tributario.

Teniendo en cuenta la multitud de reales decretos ley, que surgen semanalmente -no exageramos- modificando textos, derogando leyes y aprobando otras, nos preguntamos:

¿Quién conoce la ley?

En mi opinión, no la conoce, en algunos casos, ni siquiera el legislador, pero aquellas personas que tienen obligaciones formales con la ley por motivos fiscales, es decir los contribuyentes, necesitan actuar en función de lo que establece, y es ahí donde el Asesor Fiscal realiza su aparición. Debemos partir de la idea de que nosotros, los asesores, sabemos cómo funciona la ley, y tenemos las herramientas que nos permite saber qué es lo que hay que hacer, qué procedimientos seguir y qué alternativas tenemos.

El Gobierno, para solucionar los problemas económicos del país, está realizando una política fiscal enfocada a la recaudación y sostenibilidad presupuestaria. La leyes se están modificando continuamente, lo que puede suponer una oportunidad de mercado.

Probablemente si nuestros lectores dieran un paseo por la calle principal de su municipio y mirasen los balcones y portales, encontrarían infinidad de carteles y placas anunciando “Asesoría jurídica”, “Asesoría Fiscal”, “Gestión Integral de Empresas” etc., lo que supondría para el ilustre Michael Porter, una gran “barrera de entrada”. el gran número de competidores, la experiencia y la gran cartera de clientes que poseen, convierten a este sector en un espacio de difícil acceso.

Sin desmerecer la “teoría de las cinco fuerzas competitivas de Porter”,  yo sigo viendo un modelo de negocio más que factible para este sector.

Para empezar, como hemos dicho anteriormente, los cambios legislativos que tan confusa hacen la ley, dan lugar a un aumento de la demanda, lo que provoca una ampliación de la oferta o, como mínimo, una mejora.

¿Se acuerdan de los carteles y placas que mencionábamos unos párrafos más arriba? ¿Cuántos de estos letreros no esconden un despacho lúgubre con juristas de avanzada edad que hablan en latín? Yo diría que un gran número, y como dijo Miguel de Unamuno “el progreso es renovarse”.

Efectivamente, “renovarse o morir”. Cuando los clientes salen de estos despachos, solo piensan en si le han pagado a hacienda o no le han pagado. Si así lo han hecho valoran mal nuestro trabajo, y si no lo han hecho lo valoran positivamente, pero el resto del trabajo pasa desapercibido para ellos. ¿Por qué no acercarles el mundo legal y fiscal? Hacerles entender qué está pasando y qué están pagando? Intentemos hacer que el cliente cuando salga por la puerta, independientemente de su relación de deudor o acreedor con Hacienda, quede satisfecho y valore el esfuerzo que hemos hecho reduciendo al mínimo su coste fiscal, aunque siga en deuda con la Administración. Debemos dar la transparencia necesaria para saber que lo que hace es legal (“que no haya chanchullos, sólo un trabajo eficaz y ceñido a la legislación”) y eso le reporte valor.

Por último hago referencia a una herramienta que utilizan muchos asesores pero que aún está por implantar en muchos despachos, hablamos de “la tecnología”.

Los ciudadanos no soportan un sistema excesivamente burocratizado, en el que la tramitación de cualquier tipo de acto público es exasperante. Pues bien, la “tecnología” puede facilitar mucho la tramitación de cualquier procedimiento y, mediante su uso, podemos suprimir esa desagradable sensación de estrés en nuestros clientes.

“Ningún ciudadano soporta un sistema excesivamente burocratizado; los asesores deben facilitar los trámites”

Algunas ideas son el uso de una nube para digitalizar los documentos y gestionarlos directamente, sin que el cliente tenga que desplazarse de su casa, o utilizar dispositivos portátiles con toda la información cargada para desarrollar nuestra labor en el centro de trabajo del cliente o en su domicilio.

Estas son algunas de las ideas que expresan la confianza que tengo depositada en este sector, y la admiración por aquellos compañeros que se esfuerzan por intentar transmitir lo que aquí se dice. Por tanto, y sin querer engordar aún más la burbuja emprendedora de la que se está empezando a hablar, animo a aquellos futuros asesores a que se lancen y “renueven” el sector.