El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2016 ya está aquí. Veamos las principales líneas de actuación de este Plan

Aprovechando las novedades introducidas en la Ley General Tributaria, las actuaciones de control a desarrollar tendrán una incidencia relevante en los procedimientos de comprobación e investigación.

Se potenciará la lucha contra la economía sumergida a través de la potenciación de las personaciones con personal de las unidades de auditoría informática en las sedes de actividad económica para detectar actividad oculta mediante el algún software de ocultación o de doble uso, además del análisis de la facturación y de los medios de pago para verificar si cumplen con la Ley Antifraude.

Continuará la investigación sobre los alquileres y las empresas turísticas que no cumplen con las obligaciones fiscales, teniendo como fuente de información Internet

Se trabajará también en la investigación de los patrimonios y rentas en el exterior, cuya primera fuente de información es sin duda el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero, además de la colaboración internacional por medio de la iniciativa de los Estados Unidos con FACTA (ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras) y de los trabajos realizados, fundamecontrol tributario - INEAFntalmente por la OCDE y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria. No olvidemos los distintos acuerdos que se han venido firmando que permitirán el intercambio de información financiera.

En cuanto a planificación fiscal, se hará especial interés en las operaciones realizadas en territorios de fiscalidad ventajosa, adquisiciones de participaciones con apalancamiento, operaciones que sirvan de instrumentos o estructuras híbridas, detección de establecimientos permanentes para aquellos que tributan como no residentes, operaciones de no residentes, precios de transferencia y otras tantas operaciones que se aprovechan para eludir el pago en España.

Otro punto a destacar es la economía digital. Van a desarrollarse protocolos de actuación sobre empresas que realizan comercio electrónico, sobre las que alojan sus datos en la nube, realizándose actuaciones dirigidas a la comprobación de la tributación de los distintos negocios que operan en la red.

Se continúa e intensifica el seguimiento de las actividades profesionales seleccionando contribuyentes a partir de signos de riqueza no acordes a su renta o patrimonio preexistente utilizando distintas fuentes de información. Igualmente, sigue siendo prioridad la lucha contra las tramas de fraude organizado en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

También se continúa con el control del IVA de los grupos fiscales, de los contribuyentes en estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en regímenes especiales de IVA, las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, procedencia de los créditos fiscales, deslocalización de obligados tributarios y las operaciones de reorganización empresarial acogidas al régimen especial del Impuesto sobre Sociedades entre otros.

En cuanto al control del fraude en su fase recaudatoria, irá encaminado a la gestión de la deuda pendiente sobre un mayor número de deudores, impulsando las derivaciones de las responsabilidades y, si fuese el caso, las acciones judiciales oportunas para combatir las operaciones de vaciamiento patrimonial de especial importancia y los supuestos de insolvencia punible.

En los casos de indicios de delito fiscal y de contrabando, se agilizará la gestión recaudatoria y además se controlarán los aplazamientos y fraccionamientos de deuda.

Finalmente, no menos importante, se potenciará el intercambio de información con trascendencia tributaria entre las Administraciones Tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas para incrementar la eficacia de la gestión tributaria, mejorar la asistencia a los contribuyentes y así, potenciar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida a través del Censo Único Compartido, base de datos consolidada de información censal obtenida por las Administraciones Tributarias autonómicas y estatal


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