En esta tribuna hemos comentado todas las medidas impuestas por el Gobierno para combatir el fraude fiscal en España. Ahora llega el momento de Europa.

Lo cierto es que, según ha cuantificado Bruselas, anualmente, la Unión Europea pierde entre 50.000 y 70.000 millones de euros de recaudación por la evasión fiscal de las grandes empresas.

Para solucionar este problema, se plantea introducir una serie de medidas que obligue a las grandes empresas a tributar en cada país donde obtienen beneficios, acabando con los regímenes fiscales nacionales de los que salen bastante beneficiados.

De este modo, Bruselas apuesta por una estrategia coordinada, que se aplique en los 28 estados y que aumente la transparencia. Es por ello por lo que una de las obligaciones para las empresas será la de informar de los ingresos que se obtienen en cada país y de lo que tributan en el mismo, de manera que estos datos se crucen con las declaraciones de las empresas entre los estados miembros. fraude fiscal - INEAFSe hará una evaluación del riesgo que produciría si saliese toda esta información a la luz. Si no daña a la competencia y la inversión en las empresas, “iremos más lejos”, asegura el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.

Se incluirán normas vinculantes contra métodos tales como las reducciones de las bses imponibles y los traslados de beneficios, además de ofrecer una serie de recomendaciones a los gobiernos para evitar los abusos que se están produciendo.

Además, la Comisión, previa consulta de los Estados miembro, propondrá una lista de países considerados paraísos fiscales desde el punto de vista único de la Unión Europea, en la que en un principio, parece que no se encontrarán Suiza, Mónaco o Andorra por haber firmado el acuerdos de intercambio de información bancaria.

Aun así, el objetivo a groso modo está claro pero las medidas no están establecidas. De hecho, el Parlamento todavía no ha dado el visto bueno, pues se necesita el apoyo unánime de los 28 estados. Será en la primavera de este año cuando esta propuesta esté más definida y establecida.

Mientras tanto, hay empresarios que ya advierten de que estas medidas pueden dañar a la competitividad y puede reducir las inversiones. Algunos estados como Irlanda, Luxemburgo u Holanda podrían salir perjudicados con estas medidas.


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