Caen las denuncias por delitos fiscales ¿pasividad de Hacienda?

Según los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el Ministerio Fiscal recibió en 2012 un 35,7% menos de denuncias por delito contra la Hacienda Pública. Teniendo en cuenta que estamos en una etapa en la que la economía sumergida está en auge, los datos son sorprendentes: atendiendo a datos de la Agencia Tributaria (AEAT), en 2012 hubo 1.014 expedientes frente a los 652 del año anterior.

Los técnicos atribuyen esta caída a la resolución interna de la AEAT sobre las competencias y funciones en el área de inspección, en la que se “impide a los técnicos de Hacienda ultimar expedientes en los supuestos de especial dificultad sobrevenida” como, por ejemplo, conflicto, fraude de ley, delito fiscal o simulación.

Según Gestha, el desplome de denuncias por delitos fiscales es una consecuencia directa de la “pasividad de Hacienda ante este tipo de delitos”, al aprobar resoluciones en las que se limitan competencias directas en la investigación de este tipo de supuestos.

Los técnicos señalan además, que se ha producido un incremento de la economía sumergida en España de 60.000 millones de euros; datos completamente contradictorios con la caída de denuncias. Está claro que hay algo que está fallando en la lucha contra el fraude fiscal: la economía sumergida crece cada año, llegando a cifras récord como el 24,60% del PIB.

La resolución mencionada anteriormente tiene algo que ver en ello: la reducción de competencias en el área de inspección ha provocado que un número importante de denuncias no siempre acabe en condena penal y que parte de los condenados resulten indultados por el Gobierno.

¿Cuál sería la solución? Gestha considera que debe establecerse como objetivo prioritario a corto y medio plazo para la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado (IGAE) la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, además de otorgar más competencias a los técnicos de hacienda actuales para lograr una reducción del gasto público.

Aunque recientemente se aprobó en la Oferta de Empleo Público extraordinaria la convocatoria para doce inspectores de Hacienda, 166 técnicos y cuatro agentes nuevos, no parece ser suficiente. Según la OCDE, la equiparación de la Administración tributaria española con la media europea debería suponer la contratación de más de 26.000 nuevos funcionarios a medio y largo plazo, un número sustancialmente superior a las plazas ya convocadas y a las previsiones de futuras convocatorias.